jueves, 13 de mayo de 2010

Imputan a dos religiosos de Córdoba por abuso sexual a discapacitados

El Juzgado de Instrucción número 6 de Córdoba ha imputado a dos religiosos de la Casa de San Francisco de Asís, el centro para discapacitados que la congregación de los Hermanos Franciscanos de la Cruz Blanca tiene en Córdoba, un delito de abusos sexuales y otro de maltrato contra los internos.
Los procesados son el Manuel Ortiz, más conocido como el hermano Manolo, superior que dirige el centro, y otro religioso que responde a las iniciales F.G. Al primero se le imputa un delito de abusos sexuales y otro de maltrato habitual a los residentes, mientras que al segundo sólo se le imputa uno de abusos, según informó ayer Efe.
Orden de alejamiento
Los dos encausados comparecieron ayer ante el juez, si bien se negaron a declarar. El togado les ha impuesto una orden de alejamiento del centro y se les ha prohibido mantener ningún tipo de comunicación con los residentes y trabajadores.
ABC intentó sin éxito contactar con el hermano Manolo, figura muy reconocida y de gran prestigio en Córdoba por su dilatada labor asistencial a enfermos y discapacitados desde hace más de 30 años. El Obispado remitió ayer un comunicado en el que puso de manifiesto su disposición a la Justicia para esclarecer el caso. Apuntó que «ha actuado en el ámbito de su competencia buscando siempre el bien de las víctimas y tomando las medidas pertinentes para esclarecer la responsabilidad que hubiere lugar».
Por su parte, los trabajadores del centro de la Cruz Blanca se mostraron ayer sorprendidos por la noticia, ya que nunca habían notado ningún comportamiento extraño.
No es el primer caso de estas características que se denuncia en la casa de la Cruz Blanca. Hace unos meses, un novicio fue detenido por abusar de un disminuido grave, beneficiario de los servicios que los frailes prestan en sus instalaciones de la avenida de la Virgen de Linares. El acusado, A.C.U.P., fue detenido el pasado 22 de octubre de 2009 en Granada y se encuentra en el centro penitenciario cordobés de forma preventiva desde entonces, a la espera de que se celebre el juicio. El fiscal solicita para este procesado la pena de seis años de cárcel.

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